Teoría General

Integración jurídica

Integración jurídica

La integración jurídica es un mecanismo que sirve para resolver aquellos casos específicos para los que no hay una norma jurídica aplicable y para los que se requiere generar una respuesta jurídica. Se "crea una norma" para el caso mediante la aplicación del conjunto de normas o principios, y no a través de otras fuentes de Derecho. En estricto, no supone una labor de innovación normativa, ya que siempre se recurre a normas o principios ya existentes en el ordenamiento jurídico. La integración jurídica se encuentra sujeta a condiciones, reglas y métodos, y su utilización debe ser de forma restrictiva y no extensiva.

Las situaciones para las cuales es necesario realizar una labor de integración se generan fundamentalmente por la ausencia de una norma jurídica; es decir, ninguna de las fuentes formales del Derecho produce una norma para resolver o dar respuesta al caso en concreto. La ausencia de norma puede darse, por ejemplo, cuando el poder legislativo rechaza dictar una norma o deroga una norma sin sustituirla. Sin embargo, no todos los casos de ausencia de norma generan la necesidad de recurrir a la integración jurídica.

La ausencia de norma puede ser clasificada, dependiendo de su necesidad de ser subsanada, en lagunas de Derecho y vacíos de Derecho. Existe una laguna de Derecho cuando, para determinado suceso, no existe una norma jurídica aplicable pero tal suceso debiera estar regulado por el ordenamiento jurídico. Así, se verificará una laguna de derecho: (i) cuando para el hecho que carece de una norma que lo regule, existe una norma con una ratio legis sustantivamente igual a la norma que se necesitaría para darle solución; (ii) cuando el hecho o conflicto, de no recibir una solución o respuesta jurídica, iría en contra de los principios generales del Derecho; o (iii) cuando hay norma genérica (vigente) que requiere una normatividad reglamentaria aún no promulgada para entrar en vigencia (las llamadas lagunas técnicas).

Por otro lado, existe un vacío de Derecho cuando, para determinado suceso, no existe norma jurídica aplicable, pero tampoco es necesario que el mismo sea regulado por el Derecho. Todos estos supuestos resultan de la aplicación de los principios que establecen que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, y que sólo se está obligado a aquello que está expresamente establecido por las normas.

Métodos de integración jurídica

Los métodos de integración jurídica reconocidos unánimemente por la doctrina son la analogía y el uso de los principios generales del Derecho.

Analogía

La analogía consiste en aplicar la consecuencia de una norma jurídica a un supuesto de hecho distinto de aquel supuesto previsto en dicha norma jurídica, por ser semejante en su ratio legis. Recordemos que una norma jurídica está conformada por un supuesto de hecho y una consecuencia (ocurrido el hecho, se aplica la consecuencia). En otras palabras, la analogía consiste en atribuir una consecuencia jurídica a un supuesto distinto de aquel que corresponde en estricto a dicha consecuencia.

La determinación sobre la semejanza entre los casos queda, evidentemente, a la decisión del agente jurídico que recurre a la analogía como método de integración jurídica. Sin embargo, deben observarse ciertas pautas de razonabilidad: debe existir necesariamente una semejanza esencial entre los casos que se comparan y tenerse siempre en cuenta el carácter restrictivo de la analogía. De lo contrario, podrían generarse absurdos que deformen el sistema jurídico.

Asimismo, es necesario tomar en cuenta ciertos principios aplicables al uso de la analogía. Por ejemplo, existe el principio de inaplicabilidad de ley penal por analogía y de las normas que restrinjan derechos. Así, si un delito está tipificado como la realización de las conductas A, B y C, no se puede imputar tal delito a alguien que sólo ha realizado A y B. Del mismo modo, tampoco se puede utilizar la analogía para aplicar normas que establecen excepciones a supuestos distintos de los previstos en tales normas. Tampoco es posible aplicar por analogía una sanción a una conducta similar a aquella que es sancionada por la norma, ni puede exigirse el pago de tributos ni concederse exoneraciones por hechos similares a aquellos que generan tales tributos o exoneraciones. Asimismo, las obligaciones y prohibiciones sólo pueden establecerse para aquellos hechos previstos en una norma expresa (excepto para el caso del uso de la analogía por el argumento ab minoris ad maius, que se tratará más adelante).

Por lo general, la aplicación de normas por analogía debe ser hecha dentro de un mismo conjunto de normas (se utiliza una norma aplicable a un contrato de compraventa a un contrato de suministro, estando ambos actos dentro del ámbito del derecho civil patrimonial), aunque puede usarse excepcionalmente entre conjuntos diversos cuando los principios de cada conjunto sean similares (por ejemplo, aplicar normas de los contratos civiles a los contratos laborales).

Existen diversos argumentos para aplicar la analogía. Según el argumento a pari, donde hay la misma razón, hay el mismo derecho. Por ejemplo, si una norma establece que el libro de registro de acciones de una sociedad debe ser custodiado por su gerente general, pero no dice nada respecto a los demás libros societarios, por analogía podrá concluirse que el gerente general también deberá custodiar estos últimos.

Según el argumento a fortiori, si se puede hacer A, con mayor razón se puede hacer B. Este argumento cuenta con dos variaciones, dependiendo de si se analiza desde una perspectiva de mayor a menor o de menor a mayor. En el primer caso, estamos antes el argumento ab maioris ad minus, según el cual “quien puede lo más, puede lo menos”. Por ejemplo, si una persona está facultada para vender un bien (transferir el derecho de propiedad) a un tercero, con mayor razón está facultada para arrendarlo (ceder uno de los atributos que derivan del derecho de propiedad, que es el uso).

En el segundo caso, estamos ante el argumento ab minoris ad maius, según el cual “si no se puede lo menos, con mayor razón no se puede lo más”. Este es el único argumento con el cual una prohibición puede aplicarse analógicamente. Por ejemplo, si una norma me prohíbe dañar animales, con más razón no podré matarlos.

Por último, según el argumento a contrario (contrario sensu), a un supuesto distinto de aquel previsto en una norma jurídica, no puede aplicársele la consecuencia establecida en tal norma. Este argumento es usado cuando existen supuestos claramente diferenciados y tiene como función negar el uso de la analogía como forma de solucionar una cuestión jurídica, impidiendo que la norma se extienda en su aplicación. Por ejemplo, si una norma establece que todos aquellos sujetos que sean propietarios de más de tres inmuebles deberán inscribirse en un registro especial del Estado, en sentido contrario, todos aquellos sujetos con uno o dos inmuebles no estarán sujetos a tal obligación.

Principios generales del Derecho

Ver artículo principal.

Para realizar una labor de integración jurídica, se puede recurrir, además de la analogía, a los principios generales del Derecho. Los principios generales son conceptos o proposiciones de naturaleza axiológica (valorativa) o técnica que informan y conforman la estructura, la forma de operación y el contenido mismo de las normas jurídicas, de los cuerpos normativos, de los conjuntos normativos y del propio Derecho en su totalidad.

Los principios generales del Derecho pueden estar o no incluidos en la Constitución u otros conjuntos de normas, y tener tanto contenido axiológico (valores) como contenido técnico. Es decir, son partes integrantes del ordenamiento jurídico incluso cuando no son positivados (es decir, tipificados en alguna norma jurídica).

 

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