Derecho Civil

Acto y Negocio Jurídico

Autonomía privada (autonomía de la voluntad)

Autonomía privada, autonomía de la voluntad

La autonomía privada (también denominada autonomía de la voluntad) es un ámbito dentro del cual los sujetos tienen el poder de crear reglas que regulen sus intereses, creando relaciones jurídicas con otros sujetos para satisfacer sus necesidades. La ley es la encargada de establecer los límites de la autonomía privada, los cuales constituyen impedimentos a la creación de determinadas reglas por parte de los sujetos.

Los sujetos, mediante el ejercicio de este poder, pueden celebrar negocios jurídicos con el objetivo de satisfacer sus necesidades (por ejemplo, obtener determinados bienes o servicios). A través de estos negocios jurídicos, los particulares pueden crear, modificar, regular y extinguir relaciones jurídicas de carácter patrimonial o extrapatrimonial.

La noción de autonomía de la voluntad no es lo mismo que la libertad de querer, sino que está referida al poder que tienen los particulares para fijar reglas entre ellas que rijan sus relaciones.

Límites a la autonomía privada

Licitud: La ley nos permite crear reglas, pero nos prohíbe crear otras. Por ejemplo, no se pueden establecer pactos en contra de las normas imperativas. Por ejemplo, dado que la ley prohíbe dañar a las personas, la autonomía privada no podrá ser ejercida para pactar un contrato (una especie de negocio jurídico) con el fin de dañar a alguien. Los particulares no pueden violar ciertos mandatos que la ley impone, ni la ley puede reconocer reglas creadas por los particulares que transgredan las suyas.

Posibilidad: Se deben crear reglas que se puedan cumplir, no reglas imposibles de ser cumplidas. El ordenamiento jurídico no puede garantizar que se respeten reglas imposibles de ser cumplidas. Por ejemplo, un particular no puede asumir la obligación de vender la luna, porque es algo imposible.

Determinación: No se pueden crear reglas que no sean determinables. Para poder cumplir las reglas creadas por la autonomía privada, es necesario saber qué es lo que estas reglas mandan. Si lo que mandan no es claro y ni determinable, entonces no es posible saber cómo actuar para cumplir una regla. Estas reglas son ignoradas por la ley, pues siempre tienen que ser determinadas (identificadas plenamente desde un primer momento) o determinable (susceptibles de ser identificadas posteriormente mediante el uso de alguna fórmula). Por ejemplo, si una persona compra un vehículo, puede establecerse que se pagará un precio fijo (es decir, un precio determinado). Si una persona compra de otra persona acciones en una empresa, puede establecerse que el precio a pagar será aquel que sea posteriormente determinado mediante una valorización de la empresa.

Existen límites en sentido más negativo, los cuales surgen de la imposición por parte del ordenamiento de determinadas reglas que no nacen de la autonomía privada. En algunos casos son la negación de la autonomía privada. Por ejemplo, la ley puede imponer la obligación de contratar obligatoriamente un seguro de contra accidentes de tránsito. Otro ejemplo es el caso de la integración entre dos compañías de servicios públicos. Cuando estas no alcanzan un acuerdo sobre determinados aspectos, el Estado puede imponer reglas entre ellas (justificándose en la importancia del servicio que estas prestan). Este es un ejemplo de heteronomía, que consiste en la creación de una relación jurídica entre particulares por parte del Estado.

Carácter constitucional

Las Constituciones modernas reconocen la autonomía privada. En algunos, como en la legislación peruana, establece que ni siquiera la ley puede modificar los términos contractuales. Sin embargo, una disposición de este tipo puede entrar en conflicto con otras normas constitucionales. Entonces, hay que determinar cómo se concilian las disposiciones en conflicto, mediante criterios de interpretación, para ver cuál prevalece. Así, en un determinado caso podrá ser aplicable una norma u otra.

 

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