Derecho Administrativo

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Principios del Derecho Administrativo

La siguiente es una lista de los principios más importantes del Derecho Administrativo. No todos son acogidos por igual por todos los ordenamientos de diferentes países.

Principios del Derecho Administrativo
  • Principio de legalidad: La Administración, a diferencia de los privados, no actúa bajo el principio de libertad según el cual lo que no está prohibido está permitida. Al contrario, únicamente puede realizar aquello que la ley le permite, aquello para lo que lo faculta.
  • Debido procedimiento: Tiene origen constitucional. Se rige por los demás principios del Derecho Administrativo. Incluye la defensa, pruebas, decisión motivada. No necesariamente se extiende a la doble instancia.
  • Impuso de oficio: La Administración tiene el deber de dar impulso de oficio al procedimiento. Ordenar la realización o práctica de actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de cuestiones necesarias. Existe un interés público que fundamenta esto.
  • Razonabilidad: Se exige ser razonable al momento de actuar. Por ejemplo, cuando una entidad va a ejecutar un acto de gravamen (como imponer una sanción), la sanción debe ser elegida cumpliendo el fin público perseguido pero procurando causar el menor perjuicio al administrado, y que la conducta realizada coincida con la sanción. La afectación debe ser estrictamente necesaria e idónea para conseguir la finalidad. La razonabilidad debe estar presente siempre que se impongan limitaciones a los particulares.
  • Imparcialidad: La Administración Pública debe ser imparcial, no discriminar ni diferenciar entre administrados. Sin embargo, se dice que la Administración Pública difícilmente puede ser imparcial, pues siempre va a defender el interés público; es decir, tiene algo que defender (si bien no es un sujeto determinado).
  • Informalismo: Solamente deben usarse las formalidades cuando sean necesarias. Si un error formal es subsanable, que se permita subsanarlo. Está relacionado con la flexibilidad, cosa que no existe en sede judicial. La existencia de un procedimiento y estas reglas no son sino una garantía para el administrado de que la Administración no actuará arbitrariamente. Todos los reglamentos sobre procedimientos deben ser interpretados de esta forma.
  • Presunción de veracidad: Durante un procedimiento administrativo, todo lo que el administrado presente se va a presumir verdadero y no será cuestionado. El fundamento de fondo de esto es la presunción de inocencia; no puede presumirse que un administrado ha cometido actos ilícitos. El fundamento práctico es que la Administración Pública no puede verificar la autenticidad de cada documento o prueba que se presenta. Sin embargo, esto se puede contrarrestar con la fiscalización posterior, y por ello es una presunción iuris tantum (admite prueba en contrario).
  • Principio de conducta procedimental: Relacionado con la buena fe procesal, según la cual no deben realizarse actos que ralenticen o perjudiquen el procedimiento.
  • Principio de celeridad: Tiene el énfasis en un avance rápido del procedimiento, pero siempre cuidando que no se lesionen derechos del administrado. No por hacer el procedimiento más rápido, se debe vulnerar el debido procedimiento.
  • Principio de eficacia: Primacía del fondo sobre la forma. Si se consiguió la finalidad, la falta de formalidad sobre algún aspecto no debería invalidar un acto administrativo.
  • Principio de verdad material: Si las partes no presentan pruebas, la Administración Pública debe utilizar todos los medios posibles para poder llegar a la verdad de los hechos; todas las medidas probatorias permitidas por ley. Supone una primacía para llegar a la verdad de los hechos, pues detrás está el interés público. En el procedimiento trilateral, la Administración se asemeja más a un juez; por ello la carga probatoria se deja en principio a las partes. Sin embargo, si es que hay un interés público que lo amerite la Administración Pública puede hacer uso de esa verdad material e ir más allá de lo que las partes ofrezcan como pruebas.
  • Participación: Se debe promover la participación del administrado en el procedimiento, incluyendo en la audiencia pública, expedientes y todo lo que sea parte del procedimiento, a fin de que no se tenga que esperar a que se emita una sanción para que el administrado recién se entere del procedimiento del que fue parte.
  • Simplicidad: Regula el momento de creación de procedimientos administrativos. La Administración Pública debe crear procedimientos sencillos, sin trabas, fáciles de entender, con lo estrictamente necesario.
  • Uniformidad: Para procedimientos similares, deben aplicarse reglas similares y tener requisitos parecidos.
  • Predictibilidad: La información que expide la Administración Pública, debe evidenciar y dar luces de cómo va a terminar un determinado procedimiento, a fin de que el administrado sepa lo que va a suceder (si se beneficiará o perjudicará). Por ejemplo, informar sobre la supuesta infracción incurrida y la eventual sanción, para que el administrado conozca cuál será su sanción.
  • Principio de privilegio de controles posteriores:
    • Este principio se aplica cuando existe un sistema de aprobación automática: Los documentos son presentados por el administrado y eso basta, amparado en una presunción de veracidad, para que su solicitud sea aceptada. La evaluación es posterior; en ella se realiza una revisión de legalidad.
    • No se aplica en un sistema de evaluación previa: Los documentos deben ser evaluados antes para poder ser admitidos.
    De acuerdo a este principio, se debe privilegiar el control posterior (y por ende un sistema de aprobación automática). Lo que importa es la fiscalización, pues si la evaluación fuese previa se correría el riesgo que no se cumplan con los límites acordados en esta. La clave está en la evaluación posterior para un mejor control y para beneficiar la actividad privada, porque es más gravoso para el administrado que se evalúe siempre antes de poder ser aceptada su solicitud.
 

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