Derecho Administrativo

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Motivación del acto administrativo

Motivación del acto administrativoLa motivación del acto administrativo (o de la actuación de la Administración Pública) es una exigencia de hacer públicas las razones de hecho y de derecho que fundamentan un acto administrativo. Sirve de garantía para el ciudadano frente a la Administración Pública y facilita el control judicial del acto administrativo.

Generalidades

Existen ejemplos históricos de la necesidad de motivar los actos administrativos:

  • 1947: En el Congreso de Ciencias Administrativas de Varsovia se plantea la obligación legal de motivar formalmente los actos administrativos
  • 1959: Comisión Internacional de juristas de Nueva Delhi, se establece que “para reforzar el principio de legalidad, es necesario que el Ejecutivo esté obligado a motivar sus decisiones de carácter administrativo que afecten derechos individuales y a comunicar los motivos de la decisión a la parte interesada".
  • Francia: Dogma pas de motivación sans texte – amplía la exigencia de motivación formal dentro de un conjunto de medidas denominado “tercera generación de derechos del hombre (derechos de información frente al poder público”.

Estas manifestaciones surgen de la existencia de arbitrariedad y son un esfuerzo de indagación de un fundamento adicional a la mera fuerza del Estado. Una vinculación manifiesta entre actuación administrativa y derechos de los ciudadanos orienta la postura que es necesario asumir frente a la motivación como un deber de la Administración.

La motivación se afianza como:

  • Elemento que garantiza la coherencia de un sistema democrático
  • Garantía elemental del derecho de defensa (comprendido en el derecho a la tutela jurisdiccional)
  • Soporte de los derechos del ciudadano frente a la Administración y la eficacia de la actuación misma y la labor de control de la judicatura

Bases constitucionales

Bases constitucionales de la motivación del acto adminsitrativo

La obligación de motivar un acto administrativo constituye:

  • Límite al poder público. Busca ceñir su actuación respecto a:
    • Principio de legalidad
    • Necesidad de invocar y aplicar un criterio objetivamente atendible, por sus razonabilidad y aproximación a lo que el ordenamiento establece.
  • Busca alejar arbitrios puramente subjetivos y es sustento del interés general, pues se impone a la Administración Pública en tanto sujeto a las exigencias del principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos
    • Esto es: Auténtico control de fondo, que se contrapone sistemáticamente al control formal del respeto a la competencia, procedimiento y orden jerárquico de normas.
    • Principio unificador de una serie de preceptos constitucionales  que tienen en común la exigencia de justificación de los actos de los poderes públicos (para evitar falta de fundamento objetivo).
  • Existe vinculación entre la motivación y el derecho a la tutela judicial.
  • La estructura constitucional demanda de la motivación, su conexión con:
    • El deber de buena administración
    • Principio de transparencia
    • Principio de racionalidad: Existencia de razones que sostengan la decisión de la AP, las decisiones en base a criterios extrajurídicos se efectúa de acuerdo a razones plausibles que deben exteriorizarse.
    • Principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos:
      • Actúa como tamiz de decisiones absurdas.
      • Exige decisiones racionales y motivadas.
  • Otros principios vinculados:
    • Principio de objetividad: Las razones deben estar apoyadas en datos fácticos suficientes.
    • Deber de coordinación: La motivación fuerza a exteriorizar el conocimiento y ponderación de los intereses públicos afectados.
    • Eficacia: Manifestación pública de las razones que sustentan una decisión pueden contribuir a su aceptación por los interesas y la sociedad.
    • Transparencia: La motivación de las decisiones administrativas contribuye al logro de una administración mas transparente y próxima a los ciudadanos.
    • Legitimidad: La motivación permite que la AP tenga cierto reconocimiento social.
  • Todos estos principios constitucionales afianzan este instituto jurídico.
En el ordenamiento peruano

Los principios que subyacen a la motivación de la actuación administrativa y su control, no están incluidos en la Constitución (a diferencia de la Constitución Española y otras).

  • Este principio de interdicción de arbitrariedad puede ser proyectado en el ordenamiento peruano al ser un principio general del Derecho. Está vinculado al principio de motivación de la sentencia (art. 139.5 Const.), que puede hacerse extensivo como un deber general de justificación de los actos de los poderes públicos, al igual que el principio del debido proceso. Tiene como consecuencia la obligación de suministrar un discurso justificativo de sus decisiones.
  • Este principio es constitucional, y está dirigido al centro de los poderes discrecionales. La obligación de motivar es una exigencia per se.
  • Si bien la Constitución de 1993 no los consagra, estos son Principios Generales del Derecho, y pueden ser incorporados vía jurisprudencial.

Funciones

  • Orden interno: Asegura la seriedad y rigor de la formación de voluntad administrativa y adecuación del acto al ordenamiento jurídico.
  • Ámbito formal: Función informadora, exteriorización de los fundamentos del acto administrativo, para que:
    • El particular tenga conocimiento de datos fácticos y jurídicos, para poder articular su defensa.
    • Que el órgano administrativo que resuelve recursos pueda desarrollar el control con plenitud examinando si el acto se ajusta o no a Derecho.
  • Aspecto de fondo: Función justificadora sobre aspectos de contenido del acto administrativo (argumentación, razonamiento lógico preparatorio de la decisión).
  • Facilita control jurisdiccional de la Administración Pública: Facilita la fiscalización del acto por tribunales.
 

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