Derecho Administrativo

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Invalidez del acto administrativo

Nulidad del acto administrativoPara estudiar la invalidez de los actos administrativos es necesario remitirse a la teoría de la invalidez del acto jurídico. Los tipos de invalidez son los siguientes:

  • Nulidad absoluta o de pleno derecho: Es invalidez intrínseca y por ello carece de efectos jurídicos sin necesidad de una previa impugnación. Esto varía dependiendo de cada ordenamiento jurídico, ya que algunos sí requieren la declaración judicial de nulidad del acto jurídico; es decir, este no opera de pleno derecho. Tiene carácter general (erga omnes), y no es posible subsanarlo por confirmación o ratificación (en algunos ordenamientos tampoco se subsana por prescripción). Asimismo, determina la nulidad de los actos posteriores que aparezcan a causa del acto nulo.
  • Anulabilidad o nulidad relativa: Tiene efectos mucho más limitados que la nulidad absoluta: tiene relevancia el libre arbitrio del afectado y la seguridad jurídica, ya que el afectado por un acto anulable es quien decide si solicita la anulación del acto dentro de plazo determinado. Vencido tal plazo, el acto queda subsanado y será tomado como válido.
  • Inexistencia del acto:  La inexistencia se configura cuando el acto carece de alguno de sus elementos de validez. Ciertos ordenamientos no regulan la inexistencia del acto.

La teoría de la invalidez de los actos administrativos se encuentra atemperada por la presunción de validez, que da lugar a una tendencia a la reducción de causales de invalidez de las infracciones y vicios que puedan presentar los actos. El principio favor acti, que resulta de esta presunción legal de validez, no se limita a consagrar la anulabilidad o conversación de acto administrativo (dependiendo de la regulación de cada legislatura) como regla general y a reducir su ámbito propio, sino que da lugar a una serie de técnicas de garantía, establecidas por el legislador.

Los actos administrativos son inmediatamente eficaces y la administración puede materializar esa eficacia imponiendo la ejecución forzosa de los mismos, sin esperar a que se resuelva sobre su invalidez, en el supuesto de que esta haya sido cuestionada.

Grados de invalidez del acto administrativo

Desde el punto de vista de su validez, los actos administrativos se agrupan en dos grandes categorías: (i) Actos nulos de pleno derecho y (ii) actos anulables. A su vez, hay (iii) infracciones carentes de trascendencia invalidatoria, tales como el defecto de forma que no priva al acto de los requisitos indispensables para alcanzar su fin, ni provoca indefensión del interesado y la actuación fuera del tiempo establecido.

A estos hay que añadirle el concepto de inexistencia, aunque éste no sea propiamente un grado de invalidez, pues el acto inexistente no es un acto propiamente dicho. El acto inexistente que carece de toda apariencia de legitimidad, no tiene por qué beneficiarse de la presunción de legalidad que se predica en general de los actos administrativos; en algunos ordenamientos jurídicos puede ser desconocidos por los administrados a quienes va dirigido; no cabe asignarles la carga de impugnación, y además puede ser eliminado por la administración sin necesidad de acudir a algún tipo de proceso.

Nulidad absoluta

La nulidad del pleno derecho presenta en el Derecho Administrativo las mismas características y efectos que en el derecho privado. El acto nulo no puede ser objeto de convalidación: esto está reservado a los actos anulables. Tampoco el consentimiento del afectado puede subsanar el acto nulo, pues este no puede consentir algo que transciendo al ámbito del interés público. Puede ser declarada de oficio (sin necesidad de petición del administrado afectado), siendo el fundamento de esto la afectación al interés público que debe ser salvaguardado por la Administración Pública.

Supuestos de nulidad

Nulidad absoluta del acto administrativoLos supuestos de nulidad son regulados de distinto modo según cada legislatura. Los siguientes son los supuestos de nulidad mayoritariamente aceptados:

  • Ilegalidad: La infracción al ordenamiento jurídico, ya sea Constitución, normas con rango de ley o normas reglamentarias, es la más grave de todas, ya que la Administración Pública solo puede actuar dentro del marco de la juricidad. El acto administrativo no puede contravenir normas reglamentarias, incluso si estás han sido dictadas por autoridades de inferior jerarquía que la que dictó el acto.
  • Incompetencia: Falta de atribuciones de la entidad pública que lo legitime a emitir el acto administrativo en cuestión. También se da en el supuesto de usurpación de funciones administrativas. La incompetencia ratione materiae y la ratione loci son determinantes de la nulidad de pleno derecho. También puede serlo la incompetencia por razón de jerarquía. Hay otro problema que no atañe a la distribución, sino al ejercicio de las competencias: la investidura del titular del órgano, pues si no hay investidura, existe una usurpación de funciones.
  • Imposibilidad: Contenido imposible ya sea físico o jurídico. Algunos autores consideran que la imposibilidad está referida únicamente a lo físico, pues la imposibilidad jurídica equivale a la ilegalidad en general. La imposibilidad material o física tiene que ser de carácter originario. Una imposibilidad sobrevenida no configura la invalidez, sino solo la ineficacia. Por ejemplo, se impone una sanción a un funcionario, y este muere posteriormente. El acto es válido, pero no será eficaz pues la sanción nunca será aplicada.
  • Actos constitutivos de infracción penal o emitidos como consecuencia de esta: Se refiere tanto a delitos como a faltas tipificadas en leyes penales. Esta causal de invalidez está referida a los actos cuya emisión constituyan una infracción penal y aquellas que han sido dictados como resultado de una infracción penal antecedente. Se discute si se requiere una sentencia que concluya un proceso penal para la aplicación de esta causal.
  • Actos dictados con omisión total y absoluta del procedimiento legalmente establecido: Por regla general los A.A. que estén afectados por un vicio procedimental serán simplemente anulables. Se hace referencia a aquellos actos cuya emisión haya tenido lugar mediante un procedimiento que no es el legalmente establecido. Esto no se refiere a la ausencia de todo procedimiento, sino a la omisión de los trámites esenciales integrantes de un procedimiento determinado, sin los cuales ese concreto procedimiento es inidentificable.
    • Actos dictados con infracción de las reglas esenciales para la formación de la voluntad de órganos colegiados: Este supuesto legal es una especificación del anterior. Para que realmente proceda la calificación de nulidad del acto de un órgano colegiado basta que se hayan infringido las reglas esenciales de ese procedimiento, bien por falta de convocatoria de alguno de los miembros, por haber adoptado acuerdos sobre algún punto no incluido en la convocatoria, por defecto de composición del órgano, por no haberse observado el quórum específico, etc.
Anulabilidad de los actos administrativos

La anulabilidad se establece por el ordenamiento en beneficio exclusivo del particular afectado por el acto viciado. Por eso se le reconoce la posibilidad de reaccionar contra el mismo y de solicitar la declaración de nulidad del acto. La anulabilidad del acto administrativo no es acogida por todos los ordenamientos; en vez de anulabilidad se plantea simplemente la conservación del acto administrativo para aquellos con vicios no relevantes o vicios subsanables.

Si esta reacción del afectado no se produce, el ordenamiento se desentiende del vicio cometido, considerándolo purgado en aras de la seguridad jurídica, con la que se estima incompatible al mantener una situación de pendencia prolongada. Por las razones anteriores, ciertas legislaciones permite la convalidación de los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan.

Existe una diferencia importante entre los campos administrativo y privado (acto jurídico): En el ámbito privado, el plazo para hacer valer la anulabilidad se mide por años y puede ser objeto de interrupción con la consecuencia de que ha de comenzar de nuevo el cómputo de plazo entero. En el ámbito administrativo, el plazo para impugnar los actos administrativos es un plazo muy breve, medido en días o en meses, ha sido además un plazo de caducidad más no de prescripción, es decir un plazo no susceptible a interrupción.

 

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